El Sindicato de Funcionarios de Petróleos Paraguayos (SIFUNPPAR) dio a conocer su postura sobre la gestión de la actual presidenta de la compañÃa, Patricia Samudio, por los supuestos hechos de daño patrimonial, violación de la ley, persecución sindical, por lo que exigen la renuncia o destitución de la misma.
En ese sentido, referente al daño patrimonial, alegan que Samudio habrÃa aprobado una operación con la firma Monte Alegre S.A (venta de combustible). Con esto se generarÃa una disminución de los beneficios esperados, en relación al precio referencial de stock con el que se contaba en aquel entonces, puesto que la mencionada transacción se realizó a escasas horas de la suba de combustible.
Asimismo, sobre la violación a la 1.626, en su artÃculo 60, los integrantes de SIFUNPPAR expresaron que José Costa Perdomo, marido de la titular de la entidad, figura como propietario de TRIQUETA S.A, una empresa vinculada al rubro de los combustibles, con deuda al sistema financiero y a varias distribuidoras, entre ellas Monte Alegre- Imperial.
Esta situación antepone una posible violación de la Ley 1.626, en varios incisos del artÃculo 60, ya que TRIQUETA S.A maneja varias estaciones de servicio bajo la marca PUMA ENERGY.
Por otro lado, desde el sindicato denuncian que existe una persecución a los afiliados del gremio por el simple hecho de pedir transparencia, solicitando informes a la administración. Estos pedidos, asà como la solicitud de audiencias con la presidenta, en ningún momento fueron contestados.
Además, se cuestiona el aumento de gastos y la actual situación financiera, ya que la publicación de un medio escrito informó que existe supuestamente un déficit financiero para el pago al personal (Rubro 100), corriendo el riesgo de quedarse sin fondos, hecho que nunca ocurrió en la historia de la petrolera.
En relación a ese punto, la administración deberÃa justificar el aumento de gastos frente a una evidente y drástica reducción de las ventas, independientemente a la razón que produzcan esas bajas. SIFUNPPAR realizó las consultas pertinentes al Ministerio de Hacienda, que confirmó estos hechos, motivo por el cual Petropar pidió una reprogramación y también una ampliación presupuestaria.
Es necesario mencionar que, los pedidos de la institución no van a ser aprobados por Hacienda mientras no se presenten los informes financieros requeridos (que según expresaron, los últimos informes que Petropar proveyó fueron de marzo de este año).
Además, al no existir un ente regulador de precio de los combustibles, indirectamente Petropar es el que fija un techo en el mercado, y todos los emblemas tienen alguna ventaja de precio en algún producto. Por lo que se cuestiona el que la petrolera estatal no tenga los mejores precios competitivos en todos los productos que se ofrecen para beneficiar a la ciudadanÃa.
