El pedido de intervención de la administración municipal de nuestra ciudad, a cargo de Armando Gómez (PLRA), con más de 470 fojas, incluye numerosos datos e informes que denotan un alarmante mal manejo de los recursos municipales y de diversas irregularidades que llevan a pensar en un mal desempeño de funciones, por parte del Ordenador de Gastos. A fin de poner a conocimiento de nuestros lectores, transcribimos datos y cifras que se encuentran en el escrito que sustenta el pedido de intervención de la administración municipal.

De acuerdo a los cálculos remitidos por la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, la deuda de la Municipalidad de Lambaré –hasta setiembre pasado- ya ascendía a más de G. 15.750 millones.

De dicha deuda, poco más de G. 6.650 millones corresponden a deudas por aporte y préstamos, que fueron descontados a los funcionarios.

Igualmente, se generó una deuda por más de G. 4.980 millones, en concepto de intereses y penalidades, lo que va en contra de la Municipalidad de Lambaré, los derechos sociales de sus trabajadores y el contribuyente lambareño.

El perjuicio patrimonial sobre las cuentas de la Municipalidad de Lambaré es multimillonario, a la vista del informe de la propia Caja de Jubilaciones del Personal Municipal.

Además de la deuda generada por la falta de transferencias a la Caja de Empleados Municipales, la Intendencia Municipal pactó con ésta el pago de unos G. 1.056 millones, en concepto de honorarios profesionales por reclamos de pagos. Este, eventualmente, es un reconocimiento extrajudicial, arbitrario, sin auditoría y en desmedro de los intereses patrimoniales de los lambareños.

La Intendencia procedió a pactar un pago por una deuda no auditada y acordó intereses y honorarios, sin que se haya modificado ningún punto del Presupuesto de Gastos de la Municipalidad y también sin la homologación de la Junta Municipal, tal como lo establece la Ley Orgánica Municipal, en su Art. 36, incisos e y f.

El monto adeudado por la Comuna a la Caja, en concepto de Aportes, es de poco más de G. 5.946 millones. Por Recargos sobre Aportes, se debe sumar otros G. 3.228 millones.

Según informes preliminares, la Comuna lambareña le adeuda al Ministerio de Hacienda y a la Gobernación del Departamento Central poco más de G. 10.800 millones.

Otros datos refieren también que la Municipalidad de Lambare tampoco transfirió ningún monto en concepto de canon fiscal por autorización de juegos de azar, que a su vez debe ser distribuido en un 30% a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), 30% a los gobiernos municipales afectados por los juegos, 30% a los gobiernos departamentales donde se implementaron los juegos y 10% al Tesoro Nacional. Al no hacer esta transferencia, la Comuna también estaría violando la Ley 1.016/97, que estipula este acto como una obligación municipal.

La falta de transferencias a las entidades, además de engrosar las deudas de la Comuna, causan un perjuicio a la ciudadanía de Lambaré, porque no permiten que se reciban fondos que le corresponden al municipio en concepto de Royaltíes y Fonacide.

La Municipalidad de Lambaré evidencia insuficiente capacidad para afrontar siquiera los pagos salariales de sus funcionarios, a muchos de los cuales les adeuda sus haberes (salarios y varios beneficios, como plus por antigüedad, insalubridad, grado académico, seguro médico, peligrosidad, etc.) desde hace 3 y más meses.

Un total de G. 1.800 millones es el gasto mensual en salario y remuneraciones al personal municipal.

Si no se transfieren los recursos al Ministerio de Hacienda y a la Gobernación, tampoco se paga la deuda con la Caja Municipal y a proveedores, ¿cuál es la razón por la cual la Administración Municipal no cumple ni siquiera con el personal municipal?

El año pasado, una comisión especial de la Junta Municipal de nuestra ciudad, integrada por concejales, pudo verificar y constatar in situ la provisión –con fondos de Fonacide- del almuerzo escolar en Lambare. Una de las observaciones dentro del informe señala: “Que la cantidad de raciones facturadas u obligadas por parte de la Municipalidad era mayor a la cantidad de alumnos matriculados…”, con una diferencia de 217 alumnos por día, lo que equivale al pago por almuerzo no consumido de poco más de G. 3.220.000 guaraníes por día.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) declaró irregular la contratación de obras que habría efectuado la Intendencia, por la vía de la excepción, por un valor de G. 12.700 millones, porque violaba la Ley N° 2051/03 – de Contrataciones Públicas.

Ayer, durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal, al inicio del tratamiento del pedido de intervención, el concejal Daniel Molinas (PLRA) detalló otro caso de posible violación de la Ley de Contrataciones Públicas e indicios de mal manejo de los recursos municipales, que se habría producido al contratar por la vía de la excepción el alquiler de contenedores y camiones transportadores.

El edil dio lectura a un pormenorizado estudio e informe, que entre otras cosas señala que en 2018, la Comuna lambareña contrató contenedores de EMPO por G. 157 millones, de Marilia Industrial SRL por G. 300 millones y luego de Nuevo Horizonte Ambiental SA por G. 900 millones. En 2017, la Intendencia alquiló los contenedores de Marilia Industrial SRL por 557 millones y, en 2016, de Cavidad Meltamet SA por G. 118 millones.

En relación a estos contratos, el concejal Molinas había solicitado, en setiembre de 2017, órdenes de pago de cada contrato, lista de trabajos específicos realizados, con sus respectivas planillas de verificación, con los nombres y apellidos de los responsables de esas planillas. “En respuesta recibimos un solo informe donde se hizo constar las órdenes de pago, fecha de emisión y pago respectivo. Más nada. Entonces faltan otros datos igualmente importante: ¿qué trabajos se realizaron?, cantidad de horas trabajadas y planilla de trabajo (para saber dónde se hicieron los trabajos y en qué lugar se depositaron toda la gran cantidad de contenedores que se habían alquilado)”, refirió.

Entonces, en relación a alquiler de contenedores y volquetes (camiones tumba), la Municipalidad de Lambaré pagó un total de G. 118 millones (año 2016), luego G. 557 millones (2017) y posteriormente, también por contratación por la vía de la excepción y sin documentación respaldatoria, G. 1.357 millones en el mismo concepto (en 2018).

Es decir, el desembolso total que hizo la Municipalidad, hasta el año pasado, por alquiler de contenedores y volquetes, porque ni siquiera los adquirió, fue de G. 2.032 millones. “Es muchísimo dinero, que no tiene una sola documentación respaldatoria, con la que se pueda medir qué trabajos se hicieron”, remarcó.

Una de las preguntas que planteó el edil Molinas es ¿Porqué se pagó más de G. 2000 millones en alquileres en vez de adquirir directamente camiones (volquetes) que puedan transportar los contenedores?.