El abogado Carlos Brañas, secretario general de la Intendencia de Lambaré, aseguró que la aprobación del pedido de intervención de la administración municipal de Armando Gómez (PLRA) se debe a una “guerra política”. Aseguró que los que aprobaron la intervención “se quieren repartir el botín que queda”.

Luego dijo que la fiscala Blanca Agüero, quien -en representación del Ministerio Público- acompañó la sesión extraordinaria de la Junta, lo hizo porque pronto pretende ser candidata a intendente de la ciudad, luego de jubilarse.

Aseguró que los concejales aceptaron el pedido de intervención en represalia a la negativa del intendente Gómez a pedidos que le hicieron.

Durante una sesión extraordinaria de la Junta Municipal de Lambare, que por “por falta de garantías” se tuvo que llevar a cabo ayer en el comedor de la Comisaría 4º de nuestra ciudad, 10 de los 12 concejales municipales aprobaron el pedido de intervención de la administración municipal de Armando Gómez. Los ediles que votaron a favor fueron: María Gloria Valenzuela (PPQ), Nelson Medina (PLRA), Daniel Molinas (PLRA), Adolfo Sosa (PLRA), Luis Paciello (FG), Blas Delgado (ANR), Guido González (ANR), Víctor Silvera (ANR), Fernando Báez (ANR) y Santiago Maldonado (ANR).

El concejal Lorenzo Mendieta (PLRA) votó contra el pedido mientras que –por problemas de salud- estuvo ausente el edil Adolfo Lezcano (ANR).

Por su parte, la fiscal Blanca Agüero adelantó –ya luego del término de la sesión- que habrá sanciones contra aquellas personas que protagonizaron incidentes durante la reunión legislativa municipal.

Dijo que harán investigaciones y que revisarán algunos videos de los incidentes, a través de los cuales buscarán identificar a quienes habrían incurrido en delitos, los que serán considerados por la Fiscalía para eventuales imputaciones, como perturbación a la paz pública y coacción grave.

Según denuncias que ya obran en la Fiscalía, adherentes del intendente Armando Gómez habrían utilizado picana eléctrica para agredir a sus propios compañeros de trabajo disidentes.

El aprobado pedido de intervención fue elevado al Ministerio del Interior, el que a su vez debe ser remitido al Poder Ejecutivo, que luego lo enviará a la Cámara de Diputados, para su análisis.