El sector privado pide evidencia científica sobre los daños de componentes de alimentos a la salud humana, en el debate sobre etiquetado nutricional de alimentos. El 70 por ciento de la población sufre de enfermedades no trasmisibles (diabetes, cáncer, hipertensión, ACV y otras), atribuidas a una alimentación inadecuada.

Prosigue, en la delegación paraguaya del Parlasur. el debate sobre un proyecto de norma sobre “Derecho a la alimientación saludable, acceso a la información fundada y etiquetado de alimentos del Mercosur. El etiquetado nutricional de alimentos, con valores que consideran muy estrechos, es una preocupación de industriales paraguayos.

Esta mañana se realizó la segunda mesa interinstitucional, bajo la coordinación y presidencia del parlamentario Manuel Morínigo, vicepresidente de la delegación. Estuvieron presentes representantes del Ministerio de Salud, Relaciones Exteriores, FAO, OMS/OPS, la Cámara Paraguaya de Empresas de Alimentos y la Asociación de Tecnólogos de Alimentos (ASPATAL), quienes expusieron sus comentarios en relación a la propuesta de norma sobre “Derecho a la alimentación saludable, acceso a la información fundada y etiquetado de alimentos del Mercosu”, promovida por parlamentarios de Uruguay y Brasil. La reunión se realizó en la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional.

La utilización de etiquetados en alimentos que estén por encima de lo recomendado en cuanto a nivel de sodio, azúcar, grasas y grasas saturadas genera resistencia en industriales paraguayos, que consideran que esta normativa podría representar medidas paraarancelarias, según una de las conclusiones de la primera mesa realizada la semana pasada.

Hoy, junto a representantes de diversos organismos, estuvieron presentes también los parlamentarios Enzo Cardozo, Blanca Lila Mignarro y Neri Olmedo. El debate giró en relación al documento en cuestión, junto a otros aspectos puntuales del proyecto, a la utilización del término ultraprocesado, cuestionado por el licenciado Mauricio Rebollo (ASPATAL), quien también hizo alusión a que no hay “suficiente evidencia científica” sobre que ciertos elementos de los alimentos producen enfermedades y que, en todo caso, abordar el tema es cuestión de múltiples acciones, como lo son la educación y medidas preventivas de salud.

Previamente, tanto el doctor Luis Alberto Scoto (representante de la OMS/OPS en Paraguay), junto a Maria Erazo (OMS/OPS), asesora de Control de Enfermedades no Transmisibles y el ingeniero Jorge Meza (representante de la FAO en Paraguay) dejaron asentado que están de acuerdo con la propuesta e hicieron algunas observaciones y realizaron recomendaciones al proyecto original.

Scoto adelantó que el próximo 21 de noviembre su organización emitirá un informe regional sobre alimentación y desnutrición de las Américas, donde se demuestra que se ha pasado “de un polo al otro pues, por cada desnutrido, tenemos seis obesos” y que el setenta por ciento de las enfermedades están vinculadas a la forma de alimentación o la alimentación inadecuada, lo que representa una “evidencia sólida, robusta”, en cuanto a las normas.

Meza mencionó que los problemas centrales de la actualidad son el hambre, la obesidad y el sobrepeso y que hoy el criterio principal es favorecer la salud humana antes que los intereses de las industrias y empresas, al tiempo de subrayar que es importante dar información, con acceso fácil y comprensible para que la población tome decisiones sobre sus compras, de tal modo a prevenir el consumo de alimentos nocivos. Añadió que, de aprobarse la normativa, podría entrar a regir en un periodo de dos años y que el Mercosur sería un modelo para el resto del mundo.

Laura Correa, de la Dirección de Organismos Económicos Multilaterales de la Cancillería Nacional, dijo que su institución coincide con la necesidad de instalación de este tipo de normas, pero manifestó su inquietud porque el mismo debate se lleva a cabo en el Sub Grupo 3 del Grupo Mercado Común, donde colaboran expertos del Estado y del sector privado en la elaboración. En otro momento, mencionó también que este tipo de iniciativas, eventualmente, podrían representar obstáculos técnicos al comercio, definidos por la Organización Mundial del Comercio y de asumir normas que alteracen, sin fundamento suficiente, estos principios, el Paraguay podría ser sancionado.

Rebollo coincidió en la preocupación de que el mismo tema se esté discutiendo en varios espacios (el Congreso, como proyecto de ley, en el GMC y en el Parlamento del Mercosur) y recordó el reglamento establecido recientemente por Uruguay (al cual los empresarios locales se han opuesto), basado en valores planteados por la OMS y remarcó que no hay “suficientes evidencias confiables”

Ante esta intervención, la doctora Erazo indicó que la evidencia científica es universal y que las dosis altas de sodio, azúcares, grasas y grasas saturadas producen, por la cantidad y el tiempo de consumo, las denominadas enfermedades no transmisibles, tales como diabetes, hipertensión, accidentes cerebro vasculares. Coincidió en que es una de las medidas necesarias (el etiquetado) para revertir las actuales estadísticas de mortalidad y morbilidad.

Por su parte, las representantes del Ministerio de Salud, la licenciada Catering Turnes y la doctora Gilda Benítez, coincidieron en con la necesidad de la normativa por razones de salud de la población y manifestaron también que están en la línea de la OMS. Manifestaron también su preocupación en cuanto a los niños y adolescentes, que están en una etapa especial y deben ser protegidos y, en algunos casos, hasta habría que prohibir la venta de ciertos alimentos super procesados. En cuanto al término “super procesado”, aseguraron que es una forma de identifica, de manera sencilla y clara, a ciertos productos y que la población los pueda ubica y decidir, de manera informada, si los consume o no.

Blanca Lila Mignarro, cerca del final de la reunión, específico la delegación paraguaya está realizando estas consultas a los efectos de tener una posición del bloque local, de tal modo a que, una vez que se trate en comisiones y el pleno del Parlamento del Mercosur, puedan oponerse al documento en su totalidad, realizar modificaciones o aceptar en los términos en que está planteado.

Morínigo, por su parte, explicó que si bien hay otros proyectos en curso, tanto a nivel del Congreso como del Sub Grupo N° 3 del Consejo Mercado Común, la propuesta de normativa que están evaluando en el seno del Parlamento del Mercosur está promovido por parlamentarios uruguayos y brasileños y que, en caso de ser aprobado, será enviado al Grupo Mercado Común como una recomendación, con la fortalece que tiene un planteamiento de este tipo ante los ejecutivos nacionales, pues tienen el aval de la representación popula.

El estudio del proyecto en comisiones del Parlamento del Mercosur arranca e próximo diez de diciembre de corriente año.