La iniciativa es parte de la campaña #CUIDÁnos, emprendida por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y sus aliados estratégicos -en este caso el Ministerio de la Defensa Pública (MDP)- para crear conciencia y brindar información clave garantizando el ejercicio de los derechos humanos, con énfasis en la integridad física y mental de niñas y niños, adolescentes y jóvenes, y mujeres.

La línea 133 es una manera directa de comunicarse con el Ministerio de la Defensa Pública para recibir orientación jurídica y su derivación al defensor público de turno o a un mediador. Quien no cuente con los recursos económicos para abonar los servicios de un abogado privado, puede llamar a este número y ser asistido por un/a abogado/a del Estado de forma gratuita. Los llamados también “abogados de reos pobres” están disponibles en todo el territorio nacional.

La cobertura del 133 es nacional, en cualquiera de los fueros (niñez y adolescencia, laboral, civil, penal y contencioso administrativo) y está en trámites de ser una línea completamente gratuita, ya que aún existen compañías telefónicas que cobran por la llamada. El horario de atención es de 07:00 a 23:00, todos los días.

La creación del 133 es parte de un proceso del MDP iniciado el año pasado. “Queríamos mejorar la comunicación con la ciudadanía, ya que muchas veces a las personas les resulta difícil ubicar al defensor público de turno. No teníamos presupuesto para un call center, pero la pandemia nos ha permitido reorganizar el trabajo de las y los funcionarios exceptuados por embarazo y enfermedad que deben quedarse en sus domicilios. Con ellas y ellos, y mediante el apoyo de la Conatel, iniciamos este servicio”, cuenta María Lorena Segovia Azucas, Ministra de la Defensa Pública.

El 133 aborda cualquier problema que requiera la intervención de un defensor público, pero hoy presta especial atención a niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable. Existe un promedio de 8 denuncias de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes por día. En los meses de mayo y junio de este año, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia registró 173 casos de abuso sexual, el 80% de los cuales se originó en el ámbito familiar.

Se agregan los casos de embarazos de niñas y adolescentes, fruto de matrimonios infantiles o uniones tempranas (que se realizan antes de los 18 años) cuya práctica sigue vigente, incluso con el consentimiento de la familia, pese a que existen leyes de protección para las niñas y adolescentes. “Nuestro trabajo en estos casos, a diferencia del fiscal que atiende el hecho punible y se encarga de ver quiénes son los responsables, es ocuparnos de la situación de la niña o adolescente para presentar un juicio en el fuero de la niñez”, apunta Segovia.

Es importante aclarar que el 133 no es una línea de denuncia ni de contención a una víctima, pero sí un canal para que esa persona sea asesorada y representada por un/a abogado/a de forma gratuita que provee el Estado. “Creemos que acercándonos a través de la tecnología ayudaremos a más personas a hacer valer sus derechos en una instancia jurisdiccional”, destaca la ministra.